Conoce los casos de corrupción documentados por la prensa mexicana en los últimos años, curados y ordenados por el equipo de MCCI.
Unidad de Investigación Aplicada de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad
Monto de las operaciones investigadas por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad desde 2016
$571,049 millones de pesos de 2026
274 investigaciones · $470,237 millones en pesos nominales · corte al 17-AGO-2026. El monto de cada investigación aparece en su ficha, cuando el equipo lo estimó.
Esta página explica dos cosas: primero, cómo decidimos a qué tipo de acto corresponde cada caso; segundo, cómo ha cambiado, a lo largo de los años, el proceso para elegir qué casos entran a esta base de datos. El objetivo es que cualquier persona, sin conocimientos técnicos ni legales, pueda entender los criterios detrás de lo que ve en el buscador.
Cada caso de la base se clasifica en uno de 18 tipos de acto. Estas categorías no son arbitrarias: casi todas corresponden a una falta ya definida en la Ley General de Responsabilidades Administrativas (la ley que regula la conducta de los servidores públicos en México); opacidad y falsificación de datos corresponden en cambio a la Ley General de Transparencia. Abajo puedes ver la lista completa de un vistazo y, más abajo, la explicación detallada de cada una, agrupada por familias de categorías parecidas entre sí, con la aclaración de con qué NO debe confundirse cada una. Después del catálogo explicamos también las «características del caso»: un conjunto aparte de etiquetas que puede tener cualquier caso, sin importar su tipo de acto.
| Categoría | En una frase |
|---|---|
| Cohecho | Pago externo a cambio de un favor del funcionario |
| Peculado | Apropiarse de lo que ya cuidabas por tu cargo |
| Desvío de recursos | Un programa o partida completos usados para otro fin |
| Conflicto de interés | Decides algo en lo que tú mismo tienes un interés |
| Nepotismo | Favoreces a un familiar |
| Tráfico de influencias | Usas tu posición para beneficiar a un tercero no familiar |
| Contratos irregulares | El gobierno rompió las reglas al contratar |
| Colusión | Las empresas se pusieron de acuerdo entre ellas |
| Abuso de funciones | Uso arbitrario de la autoridad, sin encajar en otra categoría |
| Huachicol | Robo o contrabando de combustible con complicidad oficial |
| Lavado de dinero | Mecanismo para ocultar el origen ilícito del dinero |
| Enriquecimiento ilícito | Discrepancia entre lo declarado y lo que evidentemente se tiene |
| Uso electoral de recursos | Programa o recurso público usado con fin de partido |
| Encubrimiento | Acción activa para proteger a alguien de un delito ya conocido |
| Impunidad | Falta de sanción pese a evidencia, sin protección activa |
| Opacidad | Se niega o esconde información pública |
| Falsificación de datos | Se inventa o altera información presentada como verdadera |
| Otro | No encaja en ninguna — último recurso, no un default |
Pregunta clave: ¿de dónde salió el dinero y en qué momento del proceso ocurrió lo irregular?
Qué es: un pago o regalo de alguien externo al gobierno a cambio de que el funcionario haga —o deje de hacer— algo que le corresponde. El dinero entra desde fuera.
Cómo se determina: se necesita evidencia de un intercambio: un pago, un regalo de valor o un beneficio a cambio de una decisión favorable, como un contrato, un permiso o no fiscalizar algo.
No confundir con: si el dinero no viene de fuera, sino que es dinero público que el propio funcionario desvía o se queda, es peculado o desvío de recursos, no cohecho.
Qué es: un funcionario se apropia de dinero o bienes públicos que estaban bajo su resguardo por el cargo que ocupa.
Cómo se determina: tiene que haber una relación directa entre el puesto de la persona y los recursos que desaparecen: el funcionario cuidaba esos recursos y se los quedó.
No confundir con: si lo desviado no era responsabilidad directa de esa persona, sino de todo un programa o partida presupuestal usada para otro fin, es desvío de recursos.
Qué es: un programa completo, una partida presupuestal o un fondo público se usa para un fin distinto al que fue aprobado.
Cómo se determina: se compara el objetivo oficial del programa o fondo con el uso real que se le dio; la diferencia debe ser sustancial, no un ajuste menor.
No confundir con: si el desvío tiene un fin electoral específico —ayudar a un candidato o partido—, se clasifica mejor como uso electoral de recursos.
Pregunta clave: ¿quién se beneficia y qué relación tiene con quien decide?
Qué es: un funcionario participa en una decisión en la que él mismo tiene un interés personal, económico o profesional.
Cómo se determina: se identifica un vínculo directo entre el funcionario y el asunto que decide o influye; el interés es propio, no de un tercero.
No confundir con: si el beneficiado es un familiar y no el propio funcionario, es nepotismo; si es un tercero sin parentesco, es tráfico de influencias.
Qué es: un funcionario favorece a un familiar —con un puesto, un contrato o un trato preferencial— usando su posición.
Cómo se determina: debe existir un vínculo familiar comprobable entre quien decide y quien recibe el beneficio.
No confundir con: si el beneficiado no tiene parentesco pero sí una relación de amistad o negocios, es tráfico de influencias.
Qué es: un funcionario usa su posición o sus contactos para beneficiar a un tercero que no es familiar: un amigo, un socio, una empresa cercana.
Cómo se determina: se muestra que el beneficio no se explica por mérito o por un proceso normal, sino por la cercanía con quien tiene el poder de decidir.
No confundir con: nepotismo (que exige parentesco) o cohecho (que exige un pago o intercambio explícito).
Pregunta clave: ¿la irregularidad está del lado del gobierno o del lado de las empresas?
Qué es: el gobierno rompe las reglas al otorgar un contrato: sin licitación cuando debía haberla, con requisitos hechos a modo, o sin cumplir criterios técnicos.
Cómo se determina: se compara el proceso real de contratación con lo que la ley exige, como una licitación pública o una evaluación técnica.
No confundir con: si el problema es que varias empresas se coordinaron entre sí para repartirse contratos o inflar precios, es colusión: ahí la falla es de las empresas, no del gobierno.
Qué es: dos o más empresas se ponen de acuerdo entre ellas para no competir de verdad: repartirse contratos, turnarse ganadores, inflar precios.
Cómo se determina: se buscan patrones entre empresas —mismos dueños, ofertas coordinadas, sobreprecios sistemáticos— más que una falla del gobierno.
No confundir con: contratos irregulares, donde la responsabilidad principal es del funcionario que contrató mal.
Pregunta clave: ¿el funcionario usó su autoridad de forma arbitraria, sin que encaje en ninguna categoría más específica?
Qué es: un funcionario usa su cargo de forma arbitraria o fuera de sus facultades, sin que el caso encaje claramente en alguna de las categorías anteriores.
Cómo se determina: es una categoría de respaldo: se usa cuando hay evidencia de mal uso del poder público, pero no un patrón específico como un pago, un familiar o una empresa cercana.
No confundir con: las categorías de la familia «Relaciones y poder indebido»; si el caso sí muestra un familiar, un pago o una empresa cercana, se prefiere esa categoría específica.
Pregunta clave: ¿hay robo o contrabando de combustible con complicidad de alguna autoridad?
Qué es: robo, desvío o contrabando de combustible —gasolina, diésel, gas— en el que participa o es cómplice alguna autoridad: policía, Ejército, Marina, Aduanas, Pemex.
Cómo se determina: debe haber evidencia de participación oficial, no solo de delincuencia común.
No confundir con: el robo de combustible hecho exclusivamente por bandas criminales, sin ninguna autoridad involucrada, queda fuera de esta base: el proyecto documenta corrupción de gobierno, no delincuencia organizada en general.
Pregunta clave: ¿hace falta probar cómo se ocultó el dinero o basta con la discrepancia entre lo declarado y lo que se tiene?
Qué es: un mecanismo para hacer parecer legítimo un dinero que viene de un origen ilícito: empresas fachada, triangulaciones, compras simuladas.
Cómo se determina: se identifica el mecanismo usado para ocultar el origen del dinero; no basta con que alguien tenga más dinero del que debería.
No confundir con: enriquecimiento ilícito, que no requiere probar el mecanismo, solo la discrepancia entre lo declarado y lo observado.
Qué es: una persona con cargo público tiene un patrimonio que no corresponde a sus ingresos declarados, sin que se explique el origen.
Cómo se determina: se compara la declaración patrimonial oficial contra bienes visibles —casas, autos, cuentas— que no cuadran con el sueldo.
No confundir con: lavado de dinero, que sí exige identificar el mecanismo de ocultamiento.
Pregunta clave: ¿un programa o recurso público se usó con fines de partido o campaña?
Qué es: un programa social, un presupuesto o personal del gobierno se usa para beneficiar a un candidato o partido.
Cómo se determina: se busca evidencia de condicionamiento —pedir el voto a cambio de un programa— o el uso de recursos oficiales en actos de campaña.
No confundir con: un desvío de recursos genérico, que no tiene necesariamente un fin electoral.
Pregunta clave: ¿hubo una acción activa para proteger a alguien, una omisión pasiva en sancionar o solo se ocultó información?
Qué es: una acción activa —no solo una omisión— para proteger a alguien de las consecuencias de un delito ya conocido.
Cómo se determina: debe existir un acto concreto de protección: ocultar evidencia, alterar un expediente, obstruir una investigación.
No confundir con: impunidad, donde no hay ese acto activo de protección, solo falta de sanción.
Qué es: pese a que existe evidencia de un acto irregular, no hay sanción; la autoridad simplemente no actúa.
Cómo se determina: se documenta la existencia de la denuncia o evidencia y la ausencia de consecuencias, sin necesidad de probar que alguien protegió activamente al responsable.
No confundir con: encubrimiento, que sí requiere una acción activa de protección.
Qué es: se niega, oculta o dificulta el acceso a información pública, sin que necesariamente se haya probado un delito de fondo.
Cómo se determina: se identifica una solicitud de información negada, información reservada de forma indebida o falta de transparencia en el manejo de recursos públicos; la base legal es distinta —la Ley de Transparencia, no la Ley de Responsabilidades.
No confundir con: encubrimiento (que protege a alguien de un delito ya conocido) o falsificación de datos (que no oculta información, sino que inventa información falsa).
Pregunta clave: ¿se inventó o alteró información, en vez de solo ocultarla?
Qué es: se inventa, altera o manipula información oficial que se presenta como verdadera.
Cómo se determina: se compara la información pública o declarada con la realidad y se encuentra que fue modificada o fabricada.
No confundir con: opacidad, que oculta información real en vez de inventar información falsa.
Qué es: categoría de último recurso, para casos que genuinamente no encajan en ninguna de las 17 categorías anteriores.
Cómo se determina: solo se usa cuando ninguna otra categoría aplica, nunca como opción por comodidad o por default.
Nota: cuando esta categoría empieza a crecer demasiado, suele ser señal de que existe un patrón nuevo que merece su propia categoría; así nacieron opacidad y falsificación de datos en 2026.
A diferencia de las 18 categorías de arriba —que responden «¿qué tipo de acto es?» y son excluyentes entre sí (un caso tiene solo una)—, las características del caso responden una pregunta distinta: «¿este caso muestra además alguno de estos mecanismos o relaciones recurrentes?». Un caso puede tener cualquier combinación de ellas —o ninguna—, sin importar su tipo de acto. No afectan el puntaje de preocupación ni las gráficas — son solo para filtrar y para identificar rápido el modus operandi en el buscador.
Qué es: un funcionario, político, candidato, militar o institución pública con una relación de complicidad, protección, colaboración o cercanía documentada con el crimen organizado.
Cómo se determina: basta con que la relación esté documentada —una reunión, documentos filtrados, un testimonio— aunque no se pruebe un pago puntual a cambio de algo específico.
Qué es: el esquema usó empresas sin operación real o facturas simuladas para mover o justificar recursos.
Qué es: el dinero se ocultó o transfirió mediante jurisdicciones offshore o cuentas en el extranjero.
Qué es: se usó a otra persona como fachada legal para ocultar al verdadero beneficiario de un bien, empresa o contrato.
Qué es: el mecanismo concreto para otorgar el contrato fue evitar la licitación pública.
Qué es: un familiar del funcionario fue el instrumento o beneficiario directo del esquema.
Qué es: un político, candidato o funcionario público en activo o exfuncionario fue víctima de un ataque violento grave (asesinato, intento de asesinato, secuestro) documentado en la nota; además, existe al menos una hipótesis de investigación oficial que lo vincula con colusión, protección o intercambio de favores entre autoridades y crimen organizado.
Cómo se determina: no hace falta que el vínculo con corrupción esté confirmado —basta con que una fiscalía o autoridad lo señale como línea de investigación— pero sí que la víctima haya tenido o tenga un cargo público; violencia entre particulares o crimen organizado sin ninguna autoridad de por medio no activa esta característica.
Por qué se agregó (julio 2026): una masacre de 10 personas en Zacatecas, entre ellas un secretario municipal en funciones y dos exfuncionarios, investigada por la fiscalía estatal bajo la hipótesis de colusión de servidores públicos con una red de extorsión, evidenció que el proyecto no tenía forma de etiquetar este patrón específico.
La base de datos no se construyó de una sola vez ni con un solo método: a lo largo de los años ha cambiado la forma en que se identifican y capturan los casos. Estas son las tres etapas.
En estos años, la base incluye de manera prioritaria los casos que Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) investigó directamente, así como los casos más destacados de cada año, seleccionados a mano por el equipo de MCCI como parte de los Anuarios de la Corrupción: un recuento anual de los casos de corrupción más relevantes de México.
Consultar los Anuarios de la Corrupción ↗A partir de 2022 y hasta junio de 2026, la selección de casos se hizo mediante una revisión diaria de la prensa realizada por el equipo de MCCI. Cada día, el equipo revisó las noticias publicadas y discutió si un caso mostraba elementos de alguna de las conductas de corrupción definidas por la ley, o de alguna ya investigada previamente por la organización, antes de incorporarlo a la base.
Desde julio de 2026, la revisión diaria de prensa se apoya en inteligencia artificial: un sistema automatizado revisa las noticias publicadas cada día e identifica cuáles podrían describir un acto de corrupción, clasificándolas según la tipología descrita arriba.
Ningún caso se agrega de forma automática sin más: el equipo de MCCI realiza una revisión manual final de cada propuesta del sistema antes de que se incorpore a la base, para verificar que la clasificación sea correcta y que la información sea consistente con el resto del proyecto.
Este producto existe porque Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad ha logrado sostenerse, con el paso del tiempo, como una organización de la sociedad civil dedicada a investigar la corrupción en México. Sostenerse no ha sido automático: ha requerido, sobre todo, que muchas personas —dentro y fuera de esta unidad— sigan construyendo, con datos y con método, la evidencia sobre la que se apoya el trabajo de MCCI.
La Unidad de Investigación Aplicada (UIA) es una de las áreas de MCCI. Entre los objetivos de la UIA está generar información útil para que la ciudadanía pueda dar seguimiento y evalúe las actividades gubernamentales. Este buscador es un ejemplo de ese trabajo: tecnología cívica construida con las capacidades que la propia sociedad civil ha logrado reunir, sin ánimo de espectáculo, como una herramienta más para la rendición de cuentas.
Ningún sistema de datos se construye solo. A lo largo del tiempo, un número importante de investigadores ha aportado a la Unidad de Investigación Aplicada: revisando notas, clasificando casos, corrigiendo criterios, escribiendo y reescribiendo el código que hoy sostiene este buscador.
Agradecemos especialmente a Amaranta Villa, Claudia Torres, Diana García, Javier Martínez Rodríguez, José Manuel Toral, Katia Guzmán Martínez, Leonor Ortíz-Monasterio, Lorenzo León, Marina Gómez Robledo, Miguel Ángel Torhton, Miranda Carballo, Renata Gómez, Ricardo Alvarado Andalón, Santiago Botero, Sebastián Arcos y Sofía Ramírez, investigadores que, en distintos momentos, han sido parte de la Unidad de Investigación Aplicada. Cada quien aportó lo que en su momento hacía falta: revisar notas, clasificar casos, corregir criterios o escribir código —el trabajo detrás de un sistema de datos rara vez lo hace una sola persona; este no es la excepción.
Este trabajo encuentra su lugar dentro de MCCI gracias a la conducción de:
Dra. María Amparo Casar Presidenta de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad
Leonardo Núñez González Director de la Unidad de Investigación Aplicada